Los empresarios piden que se reconsidere el canon por el uso y consumo “a causa de la afección al medio que su utilización produce” por considerar que será un nuevo impuesto sobre el uso de un bien necesario
La Confederación de Empresarios de Albacete muestra su absoluta disponibilidad para colaborar en la implementación de la nueva ley
El Comité Ejecutivo de FEDA, que preside Artemio Pérez Alfaro, en su última reunión celebrada en el Teatro de Casas Ibáñez, ha valorado positivamente la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha de elaborar el Anteproyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, avanzando así en la implementación de un modelo de desarrollo y crecimiento que permita optimizar la utilización de un recurso esencial como es el agua. Pero sobre esta propuesta, la representación empresarial de Albacete ha decidido presentar alegaciones a este Anteproyecto, haciéndolas llegar a CECAM y a la propia Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
En la reunión se ha resaltado el espíritu de esta futura Ley, en tanto que es positivo que se establezca un marco normativo que regule el abastecimiento, saneamiento, depuración y ordenación de infraestructuras de las aguas de Castilla-La Mancha. Si bien, desde FEDA se entiende que la materia, especialmente lo relacionado con el establecimiento de nuevos impuestos sobre el uso del agua, debería regularse en una ley nacional para evitar disparidad de criterios entre las distintas comunidades autónomas.
El Comité Ejecutivo de FEDA ha estimado que es injusto el Capítulo II que habla del Canon Medioambiental del agua. En dicho Capítulo, en su Artículo 43 dice expresamente “Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce”, es decir que supone un nuevo impuesto sobre el uso de un bien necesario para la vida, al igual que en su día se estableció el Impuesto al Sol, éste bien podría ser el Impuesto al Agua.
La recaudación que se obtiene de dicho canon va destinada, teóricamente, a la realización de inversiones en nuevas infraestructuras. Los usuarios actuales han tenido que pagar las que están utilizando “por lo que estaríamos pagando doblemente, las nuestras, ya pagadas y las de los demás, que nunca usaremos”, se apuntará en esas alegaciones.
Industrias agroalimentarias y usos agrícolas
A juicio de FEDA, dicho canon supone un incremento de costes a las industrias agroalimentarias que son, en la actualidad, el motor de las exportaciones de esta región, con el consiguiente riesgo de quedarse fuera de los mercados internacionales por baja competitividad. Incremento éste de costes al que hay sumar el incremento de los costes energéticos.
En el caso de los usos agrícolas, estos quedan exentos de dicho canon, de momento, es decir, que en cualquier momento se puede retirar dicha exención con la consiguiente pérdida de competitividad también en el sector primario.
Abundando en lo inconveniente de legislar a nivel de comunidad autónoma, existirán agravios comparativos entre distintas regiones, de tal manera que con el mismo agua de la misma cuenca en unas industrias se pague más que unos pocos kilómetros más adelante, provocando con ello la fuga del capital y las inversiones productivas de nuestra región.
“No creemos –ha considerado el Comité Ejecutivo de FEDA- que el impuesto que se intenta imponer, el canon, sea ni siquiera legal por injusto, sectario y discriminatorio, distinguiendo descuentos al mismo en función de poblaciones de más o menos habitantes, cooperativas o no, etc.”.
Además, este canon se ha establecido desde una visión simplista y unidireccional, en la que sólo se ha tenido en cuenta el aspecto medioambiental del agua, obviando totalmente su papel como motor económico, sin tener en cuenta ningún derecho y/o concesión al respecto.
Las empresas de Castilla-La Mancha y, por tanto, las de Albacete, han realizado un gran esfuerzo en los últimos años para adaptarse a la normativa en materia de medio ambiente, “con el apoyo de las organizaciones empresariales de ámbito regional y provincial, y debemos, entre todos, crear los mecanismos para que esto siga siendo así, pero ello con medidas incentivadoras en lugar de recaudatorias como las que pretende el borrador de la ley.
FEDA muestra su absoluta disponibilidad para colaborar en la implementación de la ley, por entender que la participación de las organizaciones empresariales en el desarrollo y seguimiento de esta ley es absolutamente necesaria, aportando nuestro conocimiento y experiencia gracias al contacto directo que mantenemos con el mundo empresarial y a nuestro papel de referente en materia medioambiental para las empresas de la región.