Reunión del Comité Ejecutivo de FEDA con la delegada de Economía y Hacienda
El Comité Ejecutivo de FEDA ha expresado su preocupación por la presión inspectora que están sufriendo las empresas en materia fiscal y de trabajo. Tema que fue analizado con la delegada de Economía y Hacienda en Albacete, Amaya Villanueva, que aún no siendo competencia directa del Gobierno autónomo, éste sí realiza una actividad para recaudar impuestos autonómicos.
En esta reunión, el Comité Ejecutivo de FEDA solicitó a la delegada que la revisión de impuestos se ajuste escrupulosamente a la Ley y que la actividad inspectora en trabajo y fiscal incida más en aflorar toda la economía sumergida de la provincia de Albacete y que determinados organismo han evaluado en un 28%, lo que supone 1.700 millones de euros.
Los empresarios trasmitieron a la delegada las observaciones de determinadas asociaciones sectoriales de FEDA, en el sentido de que la inspección incide más en las empresas legales y que cumplen rigurosamente con su compromiso con Hacienda, desarrollando su actividad en momentos tan complicados de la economía. Así, solicitaron a Amaya Villanueva que la inspección dirija sus esfuerzos sobre la economía sumergida, para que ésta aflore y tribute los impuestos correspondientes, y no con la impunidad con la que ahora desarrolla su actividad.
Por otra parte, los empresarios expusieron a la representante de la Consejería de Economía y Hacienda los cambios que se han observado en los criterios y varemos a la hora de valorar los diversos bienes inmuebles y de otro tipo para aplicar los impuestos correspondientes, dando lugar a unas bases imponibles superiores al valor del bien. Según criterio de Hacienda, es mayor al valor de mercado puesto que en algunos de los bienes se ha producido en los últimos dos años una depreciación de más del 50%.
La reunión con la delegada finalizó repasando todos los proyectos que tienen pendiente desarrollar FEDA con la Junta de Comunidades y por las diferentes asociaciones, como el ejemplo de la Federación de Comercio de Albacete y su proyecto de un portal digitar para el sector comercio.
Ley de Morosidad
En la reunión del Comité Ejecutivo también se analizó la reciente entrada en vigor de la Ley de Morosidad, considerando que su aplicación necesitará un tiempo, ya que no sólo existen pagos aplazados desde las administraciones, sino también entre las propias empresas, con acuerdos bilaterales que con esta normativa no podrán llevarse a cabo.
Desde FEDA se valora positivamente la nueva Ley de Morosidad, medida que ha sido demandada por las organizaciones empresariales para contribuir a poner freno al grave problema de la morosidad que complica enormemente la situación de las empresas y autónomos, por cuanto que necesitan recurrir con mayor intensidad a la financiación bancaria, que en este momento no está disponible.
La nueva Ley fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores, en el caso de las administraciones públicas será de 30 días, con un período de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta el 2013. Asimismo, elimina la posibilidad de que empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley.
Considerando estos aspectos, desde FEDA se ve con desconfianza la aplicación real de la Ley. Para la Confederación, la norma seríabien recibida si se aplicara efectivamente los plazos de pago, sobre todo en el caso de las administraciones públicas.
La morosidad de las administraciones públicas, que se estima adeudan a las empresas unos 43.000 millones de euros, y muy especialmente de las corporaciones locales, estrangula literalmente a muchas empresas que han demostrado años atrás ser viables, y que ahora se ven abocadas al cierre por no poder hacer frente a sus compromisos económicos.
Desde FEDA se recuerda como CECAM ha denunciado en innumerables ocasiones desde principios de 2008, la falta de financiación para las operaciones ordinarias de las pymes, que sigue siendo el principal problema de las empresas y autónomos.