Cerrar la entrada de excedentes de la Seguridad Social al fondo encargado de garantizar las pensiones en momentos de declive económico, así como establecer políticas que impidan el abuso de la incapacidad temporal, son dos de las muchas propuestas que asociaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han hecho llegar a la cúpula de la patronal. La institución está inmersa en un proceso de recabar opiniones y preocupaciones para la confección de su plan estratégico, que marcará los fines a perseguir y las líneas de actuación de los próximos años.
La creación de un fondo de garantía de pensiones fue un mandato del Pacto de Toledo, el acuerdo parlamentario que desde 1995 vela por la viabilidad del sistema público de protección social. El hecho de que las reservas superen los 51.800 millones de euros ha provocado que muchos empresarios apuesten por abrir un debate y limitar este importe.
En este sentido, recuerdan que el Pacto de Toledo recomienda que parte del superávit de la Seguridad Social se destine a la reducción de las aportaciones empresariales al sistema. Argumentan que las reservas suponen ya más del 4% del Producto Interior Bruto (PIB) y que, en términos de cotización al Régimen General, equivaldrán en el 2008 a 19,53 puntos de las contribuciones empresariales.
Compromiso pendiente
Según las asociaciones de CEOE, se ha cumplido satisfactoriamente el compromiso acordado en materia de dotación del fondo e, incluso, la mejora de las prestaciones. En consecuencia, ahora parece razonable que en el futuro, el destino prioritario de los excedentes sea la reducción generalizada de las aportaciones empresariales, que conllevará disminución de los costes laborales y, por lo tanto, aumento del empleo y de la competitividad.
Las asociaciones apuestan igualmente por prestar especial atención a determinadas prestaciones como la incapacidad temporal por contingencias comunes, cuyo gasto en el 2008 llegará a 6.615,15 millones de euros, el 5,11% más que el previsto para este año.
Asimismo, consideran imprescindible aplicar un mayor control y una gestión más adecuada para que de este modo se eviten irregularidades, se reduzca el fraude y el trabajador se sienta más motivado a reincorporarse a su empleo una vez superada la enfermedad.
Nuevas fórmulas
En este sentido, esas asociaciones opinan que ha llegado el momento de variar los complementos salariales que percibe el trabajador dado de baja. En la actualidad, los ocupados que caen enfermos o sufren un accidente por motivos no laborales cobran el 60% de la base reguladora de su salario entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del vigésimo primero. Pero existen muchos convenios colectivos en los que la empresa otorga el 100% de la retribución en activo.
Las asociaciones de CEOE se muestran proclives a realizar un diagnóstico sobre la situación de la prestación de incapacidad temporal, para ver dónde surgen los problemas y así remediarlos. Asimismo, instan a los poderes públicos a utilizar todos los medios a su alcance para mejorar su gestión, y a los dirigentes empresariales a ajustar los pactos recogidos en los convenios colectivos.
Entre los cambios barajados por las asociaciones, figura el establecimiento de nuevas fórmulas complementarias. Entre ellas destacan el negociar suplementos colectivos de manera que la falta de absentismo en general beneficie al colectivo, así como fijar cobertura sólo para asistencias concretas.
Fuente: laverdad.es