Artículo de opinión de la consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez
Hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lo que hace especialmente significativa esta fecha para reflexionar sobre la siniestralidad laboral y renovar la energía con que hay que luchar contra ella.
La salud y la seguridad en el trabajo son, en la actualidad, aspectos de primera importancia en la agenda política de la Unión Europea, de España y, como no podía ser de otra forma, del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y ello porque la propia Constitución nos ordena a todos los poderes públicos velar por la seguridad de los trabajadores.
En cumplimiento de este mandato, en Castilla-La Mancha hemos venido afianzando una política de prevención de riesgos laborales que tiene un distintivo claro: que la salud y la seguridad en el trabajo debe implicar a todos. Por supuesto, y en primera línea, a los empresarios, que por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vienen obligados a garantizar la seguridad de sus trabajadores; pero también a los propios trabajadores y a los sindicatos, que deben corresponsabilizarse en la extensión de la cultura preventiva al mundo del trabajo; y a los poderes públicos, en este caso al Gobierno de Castilla-La Mancha, que debemos colaborar con unos y otros, para asegurar el cumplimiento de la normativa habida en este ámbito y hacer todo lo que esté en nuestra mano a fin de que la ciudadanía en su conjunto tome conciencia de que sólo debe existir una forma de trabajar en nuestra comunidad autónoma, que es trabajar seguro, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento de todas las normas de seguridad. De ahí que nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo hayan sido pensadas, diseñadas y desarrolladas, punto por punto, en consenso con los agentes sociales de la región.
II Plan de Acciones de Seguridad y Salud Laboral 2004-2007
Así fue en el caso del II Plan de Acciones de Seguridad y Salud Laboral 2004-2007, que finalizó su vigencia el pasado 31 de diciembre. Contemplaba más de 70 medidas y una inversión de más de 30 millones de euros para avalar su cumplimiento. Todas ellas se han llevado a efecto y, aunque no voy a hacer recuento de las mismas, sí quisiera subrayar algunos de los principales logros que este Plan tiene en su haber:
En los últimos 4 años se ha reforzado en un 44 por ciento la plantilla que la Inspección de Trabajo tiene en Castilla-La Mancha; es verdad que el número de inspectores de trabajo debe seguir creciendo para acompasarse al propio crecimiento en el número de empresas y trabajadores que ha experimentado nuestra región, pero también lo es que, en 2008, hemos conseguido que el 50 por ciento de las actuaciones que desarrolla la Inspección de Trabajo en nuestro territorio vengan referidas a competencias propias de la comunidad autónoma y que, además, el 90 por ciento de esas actuaciones tengan como objeto la vigilancia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos. Ello indica, y creo que de manera clara, la prioridad que damos desde el Gobierno de la región a la lucha contra la siniestralidad laboral.
Hemos puesto en marcha el llamado Plan Reduce, dirigido a empresas con alto índice de accidentalidad. Han sido más de 1.300 las empresas que han participado en el mismo, logrando rebajar el número de accidentes, de media, un 20’4 por ciento, lo que significa reducir la siniestralidad en 2 de cada 3 de estas empresas.
El Plan de Visitas a obras de construcción nos ha permitido guiar la actuación preventiva en más de 9.300 obras, en las que están ocupados más de 116.000 trabajadores. Un Plan éste de especial importancia, si tenemos en cuenta que el sector de la construcción acumula en torno al 18 por ciento de los trabajadores ocupados y al 32 por ciento de accidentalidad en la región.
Más de 100.000 personas se han formado en prevención de riesgos laborales, destacando, en este ámbito de la formación, la incorporación de esta asignatura a todos los ciclos de formación profesional reglada (hablamos de más de 8.000 alumnos) y a todas las actividades formativas dirigidas a trabajadores desempleados que lleva a cabo el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (más de 13.000 personas en el último año).
A éstas y las demás medidas que no he referido, y al esfuerzo común y compartido de empresarios, sindicatos, trabajadores, gobierno y sociedad en su conjunto, debemos, sin ninguna duda, que hoy tengamos en Castilla-La Mancha la tasa de siniestralidad más baja de los últimos 10 años. Nuestros índices totales de accidentalidad han descendido en este período más de un 4 por ciento, mientras que la población afiliada a la Seguridad Social con cobertura de accidente de trabajo y enfermedad profesional ha crecido cerca de un 30 por ciento. Especialmente significativas son las reducciones en la accidentalidad grave, donde la tasa de accidentalidad ha disminuido un 43 por ciento, así como la tasa de tasa de accidentalidad mortal, que también ha experimentado un descenso del 33 por ciento.
Pero el trabajo no ha terminado, porque aún persiste la siniestralidad laboral en nuestra comunidad autónoma. Por eso, en la Declaración Institucional para el Diálogo Social, que firmamos el pasado 9 de noviembre, renovamos nuestra confianza en el diálogo y el consenso como herramientas más útiles para afrontar ese horizonte de siniestralidad laboral cero que todos queremos para Castilla-La Mancha.
Acuerdo Estratégico para la Prevención de la Seguridad y la Salud Laboral 2008-2012
El Acuerdo Estratégico para la Prevención de la Seguridad y la Salud Laboral 2008-2012 que hemos suscrito, junto con Comisiones Obreras (CC.OO.), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), el 24 de abril, es el resultado de ese compromiso. Un Acuerdo que se enmarca en las estrategias de seguridad y salud en el trabajo seguidas en Europa y en nuestro propio país. Que refuerza las políticas que ya han demostrado su eficacia en la lucha contra la siniestralidad laboral y edifica otras nuevas con el mismo fin. Y que contempla un importante esfuerzo presupuestario del Gobierno castellano-manchego en ámbitos que, como la formación de trabajadores, empresarios y autónomos, la calidad y supervisión de actividades preventivas, el estímulo a las empresas, la participación de los sindicatos en la política de prevención o la sensibilización social, son de vital importancia para acabar con las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Serán, en fin, más de 81 millones de euros invertidos en la seguridad y la salud de todos los trabajadores de Castilla-La Mancha.
Con todo ello esperamos que, aun siendo un reto nada fácil, haya en el futuro días 28 de abril en los que lo que haya que celebrar es que la siniestralidad laboral haya dejado de existir.