El proceso implicará esta vez a otros ministerios diferentes al de Trabajo
La importancia que ha otorgado el presidente del Gobierno al diálogo social obliga a los ministros implicados a arrancar cuanto antes. Pese a que las propuestas están aún poco maduras, el Ejecutivo pretende al menos definir las prioridades de ese diálogo con empresarios y sindicatos antes del verano, según fuentes de la negociación. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, encargado de pilotar el proceso, ha trasladado ese propósito a un grupo de representantes de UGT, Comisiones Obreras y CEOE, con los que se reunió por primera vez de forma conjunta.
El encuentro, casi exclusivamente protocolario, sirvió para que el ministro, Celestino Corbacho, y la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, conocieran a quienes serán sus interlocutores en esta legislatura. Al encuentro no acudieron los líderes de las organizaciones, que ya se habían reunido por separado con Corbacho. El ministerio ha detectado buena predisposición en las tres organizaciones para alcanzar acuerdos.
A la espera de que el Gobierno desgrane sus planes, los agentes sociales coinciden en que es urgente reformar los servicios públicos de empleo, especialmente ante la coyuntura de paro en que está inmersa la economía. Los sindicatos piden que esos servicios funcionen como verdaderos orientadores de empleo, con planes personalizados para cada parado que faciliten su reinserción. Trabajo acepta abordar esta materia, pero aún no dispone de un modelo.
La inmigración es uno de los fenómenos que más preocupan al nuevo titular de Trabajo. El diálogo social definirá cómo fomentar el retorno de quienes se quedan en paro a sus países. Habrá que concretar cómo abonarles de golpe toda la prestación por desempleo, en caso de que les corresponda, y cómo lograr que los inmigrantes que entren en España lo hagan con un contrato bajo el brazo. Comisiones Obreras pedirá datos sobre el tipo de protección por desempleo al que acceden los nuevos parados, en buena parte extranjeros. Y solicitará a Trabajo una ampliación de las prestaciones en caso de que las ordinarias no basten en este nuevo escenario.
Lo que sí tienen claro los negociadores es que este proceso de diálogo social no será como el de la legislatura anterior. "De aquí no van a salir proyectos de ley. Será más una discusión permanente sobre temas concretos", asegura uno de los participantes. "La otra vez primaba más la regulación; ahora, las políticas económicas", añade otro. Los sindicatos son reacios a hablar, por ejemplo, de flexibilizar el despido o de aplicar nuevos incentivos a la contratación. En primer lugar, porque piensan que ahí no reside el problema. Y también porque ya se acordó una reforma laboral la pasada legislatura que aún no ha sido evaluada con detalle.
La cuestión primordial reside en cómo impulsar ese cambio de modelo de crecimiento que todos preconizan y nadie concreta. UGT solicitó ayer que se desarrollen las medidas para impulsar la inversión productiva en detrimento de la construcción. La CEOE pide facilidades fiscales y de crédito para las empresas. Su presidente, Gerardo Díaz, ha demandado en público al Gobierno que retrase al menos dos años su promesa de elevar el salario mínimo, pero no está claro que esa iniciativa llegue finalmente a la negociación.
Una de las tareas pendientes de la anterior legislatura será crear una nueva regulación para las empleadas de hogar, ahora sometidas a un marco laboral propio de otro siglo.
Aunque sea Trabajo el ministerio más implicado, el diálogo social afectará esta vez a más departamentos. Por ello la secretaria general de Empleo insistió ayer en su breve comparecencia ante la prensa en que la labor se extiende a todo el Ejecutivo: "El diálogo social es una de las prioridades y el ritmo lo marcará el Gobierno". Rojo cree que la economía vive un momento "especialmente importante para llegar a acuerdos" y alega que la ciudadanía así lo demanda.
Pese a la expectación generada, los interlocutores sociales salieron de la reunión de ayer sin una nueva cita en sus agendas. A partir de ahora, los responsables de Empleo de CEOE, CC OO y UGT esperan la llamada de Rojo para fijar encuentros por separado y empezar a trabajar. Los resultados no serán inmediatos, advierten los negociadores, conscientes de que su labor acaparará todas las miradas.
Prioridades
- Servicios de empleo. Se reformarán para atender a los parados de forma personalizada.
- Empleadas de hogar. El Gobierno retomará la discusión para desterrar el marco discriminatorio que las regula actualmente.
- Inmigración. El diálogo abordará la protección al desempleo que perciben y la forma de controlar los flujos.
- Cambio de modelo. Se fomentará un crecimiento más sostenible y duradero.
Fuente: elpais.es