Propuestas urgentes para salir de la crisis económica
CEOE ante la gravísima situación tanto de los mercados financieros como de la economía de las empresas ha elaborado un documento de PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA SALIR DE LA CRISIS ECONÓMICA, pendiente de su redacción final, que recoge medidas en los siguientes ámbitos:
1. Normalización de los mercados financieros.
2. Actuaciones de las Administraciones Públicas.
3. Políticas y medidas en el ámbito sociolaboral y de la negociación colectiva.
4. Medidas fiscales.
5. Medidas para reforzar la internacionalización.
6. Energía.
7. Medio Ambiente.
8. Investigación, Desarrollo e Innovación.
9. Agua.
10. Espíritu empresarial.
11. Entorno legal y regulatorio.
I
Financiación de las empresas
Si hay que señalar la situación de mayor gravedad de las empresas en estos meses y que se puede acentuar en los próximos es, sin duda alguna, la insuficiencia de crédito para la financiación de la tesorería y del capital circulante de las mismas junto con el proceso de mayor aplazamiento de los cobros en términos de plazo, así como el aumento de los morosos e incobrables por la reducción de la actividad económica en general.
Miles de empresas, económicamente viables, se ven obligadas a recurrir a todos los instrumentos que la legislación española tiene establecidos, para su supervivencia, como son:
§ Expedientes de regulación de empleo.
§ Aplazamiento o fraccionamiento del pago de impuestos.
§ Aplazamiento del pago de las deudas de Seguridad Social.
§ Concurso de acreedores.
Y, finalmente, todo ello tiene consecuencias graves en términos de destrucción de empleo si bien, de no funcionar estos procedimientos con la agilidad necesaria, la situación empeoraría todavía más.
II
Políticas y medidas en el ámbito sociolaboral y de la negociación colectiva
El mercado laboral está recibiendo el impacto de la crisis económica y financiera de forma rápida, desde la segunda mitad del presente año, y con especial intensidad a partir del tercer trimestre, constatándose dicho impacto en la desaparición de empresas y en la consiguiente pérdida de empleos. Los datos indican que el desempleo en el tercer trimestre de 2008 ha aumentado, en relación con el mismo período del año anterior en más de 800.000 parados. Asimismo, la contratación registrada ha descendido, en el mes de octubre respecto al mismo mes del pasado año, en un 17%.
Conforme a recientes análisis de la Comisión Europea y otros Organismos Nacionales e Internacionales, las perspectivas en materia de empleo para el año 2009 ahondan en la situación actual, estimándose porcentajes de reducción de empleo superiores al 1% en relación con el año 2008, lo que se traducirá en un significativo incremento en el número de desempleados.
Por tanto, y junto a algunas medidas que se anuncian dirigidas a favorecer la contratación de desempleados, resulta urgente e imprescindible articular y aplicar medidas dirigidas al mantenimiento y la permanencia en el empleo de aquellos que, por diversas causas (dificultades de carácter sectorial o vinculadas a características intrínsecas del trabajador, etc.), tienen mayor riesgo de expulsión del mercado laboral.
III
La inversión en infraestructuras constituye una estrategia política contracíclica que ayuda a estabilizar la economía, tanto en términos de amortiguación de la caída de la demanda en el corto plazo, como de impulso al crecimiento en el medio plazo.
La actividad constructora ejerce un notable efecto inductor o de arrastre con notable influencia sobre la actividad económica, puesto que no sólo impulsa a los sectores proveedores de productos intermedios, sino que proporciona las infraestructuras necesarias para el desarrollo del resto de actividades económica, contribuyendo al incremento de la productividad y de la capacidad de crecimiento a largo plazo del conjunto de la economía. Su contribución, asimismo, a la creación de empleo justifica que el posible déficit público en que pudiera incurrirse sea mucho más sano que el producido por puro gasto no generador de actividad.
Por otra parte, el ajuste brusco que la construcción de viviendas está experimentando, indudablemente agravado por la crisis financiera, está teniendo una repercusión muy negativa sobre el empleo, sobre la cadena de actividades relacionadas y sobre la recaudación de las Administraciones Públicas con la consiguiente caída de las posibilidades de inversión y, lo que es más grave, con el consiguiente retraso en el abono de las obligaciones contraídas, en un momento en que las empresas necesitan liquidez para subsistir. Para amortiguar esta problemática es necesario actuar de manera directa sobre la demanda ya que la oferta es absolutamente rígida en el momento presente, lo que implica abordar con energía la reducción del stock de viviendas existentes. Ello es indispensable para que pueda generarse nueva actividad y en un futuro alcanzar el necesario equilibrio y ajuste entre oferta y demanda.
Por último, el Gobierno que ya está atendiendo con el estudio e implementación de distintas medidas a las propuestas realizadas por organizaciones empresariales de carácter sectorial, en los siguientes sectores: financiero, transportes por carretera, transportes aéreos, turístico y que ha aceptado constituir, dentro del capítulo del Diálogo Social Reforzado, una Mesa sobre Industria y otra sobre Vivienda, debe continuar atendiendo las peticiones de las organizaciones empresariales representativas de otros sectores, a las que CEOE da su respaldo.
Medidas para atender a la financiación de las empresas , evitar la destrucción de empleo y atender los problemas sectoriales
I
Hasta que se normalicen los mercados financieros y se restablezca el crédito para la financiación del circulante y la tesorería de las empresas son necesarias medidas urgentes que palien este problema de la tesorería de las empresas. Así:
1. Buscar procedimientos para que las empresas puedan acceder con agilidad a cubrir sus necesidades de financiación en tesorería y circulante.
2. Todas las Administraciones Públicas deberían pagar puntualmente las contraprestaciones económicas por compra de bienes y servicios, así como de las contratas.
3. Autorizar el aplazamiento o fraccionamiento del pago periódico de impuestos como el IVA, Sociedades (pago fraccionados) y el IRPF (pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta) sin expediente individual, ni exigencia de garantías ni intereses de demora.
Especial relevancia tendría el aplazamiento por doce meses de las liquidaciones mensuales o trimestrales del IVA, mientras dure esta situación.
En relación al primer apartado es necesario, asimismo, que el IVA se abone cuando se reciba de las Administraciones Públicas la correspondiente prestación económica. Es decir, abonar el impuesto tan pronto se cobre y no tener que “adelantar” el pago del IVA antes del cobro efectivo por las empresas de la entrega de bienes y servicios a las Administraciones.
4. Igual procedimiento y condiciones para el aplazamiento de pagos de deudas a la Seguridad Social, salvo por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (como ya se ha hecho en algunos sectores, de forma puntual).
5. Medidas adicionales, si fueran necesarias a las ya acordadas por el Gobierno en materia de liquidez al sistema financiero y su repercusión a la financiación de las empresas, en diálogo y con el acuerdo de las organizaciones empresariales que representen al sistema financiero.
6. Las empresas ante la dificilísima situación que atraviesan precisan, incluso, de un procedimiento extraordinario para el aplazamiento del pago de sanciones económicas que les hayan sido impuestas por las Administraciones Públicas.
II
Con independencia del conjunto de medidas en el ámbito sociolaboral y de la negociación colectiva, cuyo tratamiento en el marco del diálogo social está ya comprometido, se propone abordar con carácter urgente las siguientes actuaciones:
1. Reducción de las cotizaciones sociales empresariales. Hay que recordar que el Proyecto de Presupuestos para el año 2009 estima un excedente en cotizaciones sociales en torno a 8.000 millones de euros, cuantía que permite considerar la medida propuesta. La medida permite distintas aplicaciones que podrían ir desde la reducción de la cotización por determinadas contingencias (tarifa de primas por contingencias profesionales) a la extensión del marco de las bonificaciones actualmente vigentes para los trabajadores de 59 a 64 años, al tramo de trabajadores de 58 a 55 años, teniendo en cuenta el efecto positivo de las bonificaciones actualmente vigentes.
2. Extender de manera coyuntural y durante el periodo de crisis las bonificaciones a los supuestos de conversiones de contratos temporales en indefinidos. Asimismo, actualizar, en función de las posibilidades financieras, la cuantía del Programa de bonificaciones.
3. En línea con lo anterior, se propone introducir una medida excepcional de prórroga de las bonificaciones hasta el año 2010 para aquellos contratos cuya bonificación termine en 2008 y 2009, años en los que seguiremos notando los efectos de la crisis, máxime considerando que las partidas presupuestarias no se vienen ejecutando en su totalidad.
4. Evitar medidas que produzcan como resultado inmediato incrementos inducidos en los salarios y, consiguientemente en las bases de cotización, que limiten la entrada en el mercado de trabajo; en particular se debería evitar la fijación de incrementos en el SMI que eleven el suelo salarial para la negociación colectiva de los incrementos retributivos, y, paralelamente, las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social. La referencia para el incremento del SMI debería ser el IPC previsto.
5. Flexibilización de los instrumentos de contratación y extinción laboral, para mejorar la capacidad de adaptación de empresas y trabajadores.
6. Establecer, con carácter coyuntural, medidas que flexibilicen y favorezcan la reducción del coste de las garantías exigidas para los aplazamientos de pago de deudas a la Seguridad Social en particular para aquellos sectores en los que incide con mayor impacto la situación de crisis actual.
7. Mejora de los mecanismos de intermediación en el empleo y en la recolocación de los trabajadores, así como de la eficiencia de los servicios públicos de empleo. En esta línea, resulta necesario favorecer la actuación de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y el papel de las ETTs en la intermediación laboral.
En relación a estas últimas medidas es necesario abordar en el corto plazo la modificación de la regulación actual, para adaptarla a la reciente Directiva, suprimiendo las restricciones legales y convencionales de actuación de las mismas.
8. En este mismo sentido, podrían considerarse medidas que faciliten la movilidad de los trabajadores entre sectores y entre áreas geográficas.
9. Potenciación de las políticas activas de empleo y de la recualificación de los desempleados y profesionales de sectores en crisis con itinerarios formativos para favorecer su acceso a sectores emergentes y a aquéllos con capacidad de creación de empleo. Igualmente, reforzar los incentivos a las empresas de estos mismos sectores para la formación de sus trabajadores.
10. Establecer mecanismos de mejora de la gestión y el control de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, cuyo gasto incide sensiblemente en los costes sociales directos e indirectos de las empresas, ya que representa el 83% de las causas del absentismo laboral.
11. Potenciación de las ayudas al autoempleo y a la creación de empresas.
12. Analizar la aplicación de medidas que favorezcan la utilización de la contratación a tiempo parcial como alternativa real a la contratación temporal o a la extinción de la relación laboral.
III
Medidas para infraestructuras
1. Definir un programa estratégico de incremento de la inversión en infraestructuras como instrumento de política fiscal anticíclica.
El anticipo y oportunidad de su puesta en práctica puede apoyarse en la financiación privada, ya sea extrapresupuestaria (concesión explícita), presupuestaria (pago aplazado) o mixta (créditos participativos).
Medidas para vivienda
1. Establecer una nueva categoría de vivienda protegida, intemedia entre la vivienda libre y la vivienda de precio concertado, hoy existente, con un precio limitado. La vivienda, nueva o usada, sería inicialmente libre y se calificaría como protegida en el momento de venderla.
2. Otorgar a los adquirentes de esa clase de vivienda la garantía de que el tipo de interés aplicable a su préstamo hipotecario no subirá por encima del tipo de interés hoy aplicable a la vivienda protegida durante un período determinado. Eso implica que el Estado asuma el diferencial que pueda existir en cada momento (como ya hizo en el Plan Cuatrienal 1.984-1.987 y en los siguientes hasta 1.995).
3. Avalar préstamos para la urbanización de suelo con destino a la construcción de viviendas protegidas.
El mercado de la vivienda ha sufrido un descenso drástico motivado por el endurecimiento de las condiciones financieras debido, por un lado, a la reducción de liquidez del mercado financiero y, por otro, a la subida del principal índice de referencia de la hipotecas (Euríbor), lo que hace cada vez más difícil para las familias la compra de una vivienda. Esta situación está obligando a muchos de los adquirentes a renunciar a las cantidades que adelantaron como señal de la compra.
Sigue existiendo una demanda de vivienda libre entre la población, pero necesita incentivos que faciliten a la misma y contrarresten el incremento del coste de financiación.
4. Establecimiento de un IVA superreducido para las operaciones de adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual.
5. Aplicación del tipo reducido en el impuesto sobre actos jurídicos documentados (0,3%) y transmisiones patrimoniales (3,5%) a las operaciones derivadas de transacciones inmobiliarias (compraventas y constituciones de préstamos hipotecarios).
6. En un momento como el actual, de parálisis del mercado inmobiliario, y en el que la riqueza de las familias se halla en gran medida ligada al valor de los inmuebles, es importante mantener el valor de estos activos. Por ello, es preciso buscar salida al stock actual de viviendas de renta libre que no encuentran comprador (muchas de las cuales no se pueden convertir en VPO), favoreciendo su entrada en el mercado de alquiler, para lo cual se precisa tanto reforzar las ayudas a inquilinos y propietarios, como sobretodo, mejorar la seguridad que supone la operación para el arrendatario.
Fuente: CEOE