Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla – La Mancha 2030

 Se ha publicado el Decreto 35/200024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR) de Castilla-La Mancha 2030.

En este contexto normativo, acorde con los cambios sociales y económicos que están teniendo lugar, convenimos que el paradigma de la economía circular ha venido para quedarse, siendo el único modelo económico y social posible que permite estimular el crecimiento económico y generar empleo sin comprometer al medio ambiente.

Con la elaboración de este Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla – La Mancha 2030 se pretende adaptar la planificación regional en materia de residuos a las exigencias normativas actuales, tanto en materia de prevención de la generación de residuos, como en materia de gestión de residuos, intentando a su vez dar respuesta a las cada vez más demandadas soluciones ambientales.

Actualmente, dentro del Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC) del Convenio de Estocolmo se está evaluando la gestión de riesgos sobre los ácidos perfluorocarboxílicos de cadena larga (LC-PFCA), propuestos para listado en los anexos de este Convenio. En este sentido nos requieren desde la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que informemos, antes del 13 de marzo, sobre si alguna empresa radicada en España utiliza alguna sustancia LC-PFCA para algunos de los siguientes usos:

Se ha publicado en el BOE de 26 de febrero, la Orden TED/167/2024, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el impulso de la economía circular en los sectores del textil y la moda, y del plástico.

Esta orden tiene por objeto, establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos y actuaciones que contribuyan de forma sustancial a la transición hacia una economía circular en los sectores del textil y la moda y del plástico.

Con la finalidad de fomentar la sostenibilidad y la circularidad de los procesos industriales y empresariales para mejorar la competitividad e innovación del textil y la moda y del plástico en el marco de una economía superior.

Las actividades objeto de estas ayudas deberán desarrollarse dentro del ámbito territorial del Estado.

Entidades beneficiarias:

1. Las personas jurídicas, de derecho privado con personalidad jurídica propia.
2. Las entidades de economía social definidas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo.
3. Las agrupaciones de las anteriores siempre que estén participadas por, al menos, una PYME, start-up o entidad de economía social que cumpla con los requisitos del apartado b)

Las ayudas concedidas tendrán un importe mínimo de 100.000 euros por proyecto y entidad beneficiaria y un máximo de 10.000.000 de euros por proyecto y entidad beneficiaria.

El porcentaje máximo de cofinanciación, así como el periodo de ejecución de los proyectos se establecerá en cada convocatoria.

En el  Consejo de Ministros celebrado el pasado 7 de junio, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado las bases reguladoras para repartir 176,5 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, destinados a mejorar la gestión de los residuos municipales en España y a facilitar el cumplimiento de los objetivos europeos de gestión aplicables a estos residuos y a los envases y residuos de envases, fundamentalmente.

Las bases reguladoras acordadas hoy por el Gobierno para el año 2022 apenas incluyen cambios con relación a las bases reguladoras correspondientes al pasado ejercicio de 2021, al objeto de facilitar su tramitación a los gobiernos regionales, de modo que sólo tengan que publicar una nueva convocatoria si así lo estiman oportuno.

(Actualización 25 de enero de 2023)

Con fecha 1 de abril se ha publicado en el BOE el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre garantías financieras en materia de residuos.

Este R. D. tiene como objeto desarrollar la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en uso de la habilitación contenida en el apartado 1.b) de su disposición final tercera, en lo que hace referencia a las garantías financieras exigibles a los distintos actores implicados, en virtud de lo previsto en la misma y en las normas que la desarrollan, para responder:

1. Del cumplimiento, frente a la administración, de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad de producción y gestión de los residuos.
2. De la responsabilidad exigible por muerte, lesiones o enfermedad de las personas, o por daños en las cosas, que se deriven de las operaciones realizadas.
3. De la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad desarrollada.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a conocer el nuevo Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que va a desarrollar en la Comunidad Autónoma a través de la consejería de Desarrollo Sostenible. Así lo ha afirmado la directora general de Economía Circular, Marta Gómez Palenque, quien ha especificado que este Plan de Gestión para los denominados ‘RCD´s “nace con el fin de fomentar la aplicación de los principios de jerarquía de residuos en la Región y mejorar la gestión actual de los mismos”.

El BOE de 7 de agosto ha publicado el Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

TRANSICIÓN DEL SECTOR HACIA UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR

Así, entre otras medidas:

• Prohíbe el depósito en vertederos de los neumáticos de gran tamaño, cuestión hasta el momento permitida. Con ello, todos los neumáticos fuera de uso, a excepción de las ruedas de bicicleta, deberán ser gestionados para su reutilización o valorización
• La norma fija como prioridad la reutilización de los neumáticos, concretando las condiciones que deben reunir los neumáticos de segundo uso y los recauchutados para su comercialización. Asimismo, la norma detalla la información que debe suministrarse sobre ellos al consumidor, preferiblemente de forma electrónica.