Normativa empresarial (1557)
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Resolución de la D.G. de Economía Circular, de continuación de procedimientos administrativos indispensables como consecuencia del Covid-19
Hoy ha sido publicada en el D.O.C.M. la Resolución de 21/04/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se acuerda la continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto –Ley 15/2020. Medidas para facilitar el ajuste de la Economía y proteger el Empleo.
Se ha publicado en el BOE, con fecha 22 de abril, el Real Decreto – Ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
En el Capítulo IV del mismo, se desarrollan las medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo.
Dado el contexto actual de emergencia sanitaria, se permite de manera extraordinaria y limitada en el tiempo a las Cooperativas:
Flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas, para paliar los efectos del COVID – 19. Dicho Fondo, podrá ser destinado, total o parcialmente a las siguientes finalidades:
- Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa. Deberá ser restituido por la cooperativa, con al menos el 30% de los resultados de libre disposición que se generen cada año y en un plazo máximo de 10 años.
- A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19.
A estos exclusivos efectos, el Fondo de Formación y Promoción Cooperativo no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.
Durante el estado de alarma, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar este Fondo cuando no pueda ser convocada la Asamblea General a través de medios visuales. Esta competencia se podrá extender hasta el 31 de diciembre 2020.
Las sociedades laborales son instituciones clave para la economía social y la generación de empleo, por ello, con carácter extraordinario se prorroga por 12 meses más el plazo de 36 meses contemplado en el artículo 1. 2. b) de la Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas, pero será exclusivamente aplicable a las sociedades laborales constituidas durante el año 2017.
En otro orden de cosas y para garantizar la protección de las personas trabajadoras, se prorroga la vigencia de lo establecido en el artículo 5, carácter preferente del trabajo a distancia y el artículo 6, derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, del Real Decreto –b Ley 8/2020, de 17 de marzo, durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista por la Disposición Final 1.17 del Real Decreto – Ley 11/2020. En atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno.
Con el objeto de mitigar en el ámbito portuario estatal el impacto económico provocado por la situación de crisis sanitaria del COVID – 19, se establecen una serie de medidas excepcionales y transitorias:
- Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales. Las Autoridades Portuarias, podrán reducir motivadamente y de forma proporcionada en relación con los tráficos del ejercicio 2019, los tráficos mínimos exigidos para el año 2020 que se encuentren establecidos en los correspondientes títulos concesionales, en aquellos casos en los que no sea posible alcanzar dicha actividad o tráficos mínimos comprometidos a causa de la crisis del COVID -19
- En las liquidaciones de la tasa de ocupación que se notifiquen con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto – Ley, para el presente ejercicio, podrá reducirse la tasa de ocupación en las concesiones o autorizaciones en las que se acredite que han experimentado un impacto significativamente negativo en su actividad como consecuencia del COVID – 19. Se tomará como base la actividad de los últimos 4 años. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado y la magnitud de la reducción será aprobada por el Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria.
- Respecto a la tasa de actividad, las Autoridades Portuarias, a solicitud el sujeto pasivo, y justificando el impacto negativo en su actividad por la crisis del COVID – 19, podrán dejar sin efecto para el presente año el límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad establecida en el artículo 188. b). 2º. 1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.
- Respecto a la tasa del buque, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto - Ley y durante el ejercicio 2020, se establece una exención a la tasa del buque cuando este deba encontrarse amarrado o fondeado en aguas portuarias como consecuencia de una orden de la Autoridad competente por razón de la crisis del COVID -19.
- Aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario, previa solicitud, las Autoridades Portuarias podrán conceder el aplazamiento de la deuda tributaria correspondiente de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas desde la fecha en vigor del RD – Ley 7/2020 y hasta el 30 de junio 2020, ambos inclusive, con las siguientes condiciones:
-El plazo máximo será de seis meses.
-No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el aplazamiento.
- Terminales de pasajeros, las pérdidas de ingresos, en aquellas Autoridades Portuarias cuyo tráfico de pasajeros ha sufrido un descenso significativo por la aplicación de las disposiciones que limitan la movilidad de personas, como consecuencia de la crisis del COVID – 19, que ha impedido la entrada de cruceros con pasajeros en los puertos y reduciendo o eliminando líneas regulares de pasajeros, se tendrán en cuenta como criterio en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario de 2020 – 2021, priorizando su asignación en aquellas cuyo resultado fuere negativo.
En el enlace que se encuentra en la parte inferior de esta noticia encontrarás el documento completo RDL 15/2020 del 22 abril
Real Decreto – Ley 15/2020. Medidas protección ciudadanos. Situación legal desempleo, disponibilidad planes de pensiones, cotización en situación inactividad.
Con el objetivo de dar una cobertura a todas las personas que en el contexto actual no tengan acceso a la prestación por desempleo, en el artículo 22 se adoptan nuevas medidas de protección para los desempleados.
Artículo 22. Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.
La extinción de la relación laboral, durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo, así como las personas que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.
Para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares, los artículos 23 y 24 desarrollan las medidas relativas a la ampliación de las contingencias en las que se pueden hacer efectivos los derechos consolidados de los planes de pensiones regulando, entre otras cuestiones, la acreditación de las circunstancias que dan derecho a la disponibilidad de los planes, el plazo al que se vinculan dichas circunstancias y el importe máximo del que se puede disponer.
Artículo 23. Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Se seguirán las siguientes normas para la disponibilidad de derechos consolidados en planes de pensiones:
- Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida. Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de prestación definida o mixtos también podrán disponer de esos derechos en caso de estar afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al público de establecimientos o el cese de actividad, derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020 se acreditará por el partícipe mediante la presentación de los siguientes documentos ante la entidad gestora de fondos de pensiones:
- En el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se presentará el certificado de la empresa en el que se acredite que el partícipe se ha visto afectado por el ERTE.
- En el supuesto de ser el partícipe empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida se presentará declaración responsable en la que este manifieste que ha suspendido la actividad como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020.
- Si el partícipe es trabajador por cuenta propia y ha cesado en su actividad durante el estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19, se presentará el certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
- Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
Se ha publicado en el BOE, con fecha 22 de abril, el Real Decreto – Ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma.
En el Capítulo III, se desarrollan las medidas fiscales.
Impuesto sobre el Valor Añadido:
- Para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19: de manera temporal, hasta el 31 de julio de 2020, se dispone un tipo impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido de los que se incluyen en el anexo único, siempre que sus destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social (Art. 20 Ley 37/1992). Se documentarán en factura como operaciones exentas (art. 8) y no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido de las cuotas soportadas.
- Se prevé el tipo superreducido del 4 por ciento para los libros, periódicos y revistas que tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica (disposición final segunda)
Impuesto sobre Sociedades:
Para a los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2020: