Jurídico (43)
Procedimiento para la tramitación expedientes de regulación de temporal de empleo de suspensión de contratos de trabajo y reducciones de jornada.
Causas Objetivas:
Son las referidas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, esto es, Económicas, Técnicas; Organizativas, y de Producción, se recomienda tramitar por cualquier de las 2 últimas causas.
En el caso de reducción de jornada, ésta será de un mínimo del 10% y un máximo de un 70% en cómputo diario, semanal, mensual o anual.
El alcance y la duración de la medida se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar.
Comisión negociadora. Periodo de Consultas:
Se iniciará por escrito del empresario, comunicando la iniciación del periodo de consultas dirigido a los representantes legales de los trabajadores. En ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, la comisión negociadora se constituirá por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa. (Modelo de comunicación que encontrarás en el enlace al final de esta noticia ANEXO I).
La comisión negociadora deberá estar constituida en el plazo improrrogable de cinco días.
El RD 465/2020 introduce modificaciones al RD 463/2020, de 14 marzo, que van orientadas a reforzar la protección de la salud pública y asegurar el funcionamiento de servicios públicos esenciales. Por otro lado, incluye excepciones a la interrupción de los plazos administrativos en lo relativo a las obligaciones con la Seguridad Social y las obligaciones tributarias. Concretamente, este RD introduce las siguientes modificaciones:
Modificación del Artículo 7.- Limitación de la libertad de circulación de las personas.
ERTES por causa de Fuerza Mayor y por causa Económica, Técnica, Organizativa y Productiva COVID-19
Hoy, día 18 de marzo de 2020 se ha publicado el Real Decreto Ley 8/2020, que establece Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Entre las medidas de carácter laboral destaca las relacionadas con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada.
El Real Decreto Ley regula en sus artículos 22 y 23 las medidas excepcionales en relación a los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa de fuerza mayor del artículo 31 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, y por causa productiva, organizativa y técnica del artículo 45 y 47 del mismo Estatuto respectivamente.
Art. 22 RD ley: ERTE por causa de Fuerza Mayor.
En atención a las restricciones de libertad de circulación de las personas, establecidas en el Real Decreto 463/2020, en su artículo 7.1 y 7.2 recomendamos a las empresas expedir para cada trabajador el modelo de certificado que se puede descargar en archivos adjuntos, el cual permita acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Fundamental que vaya firmado y sellado.
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Principales artículos a tener en cuenta por su implicación para las empresas:
Artículo 2. La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Artículo 3. La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de quince días naturales.
Artículo 7. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.
- Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.
- Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.
Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.
- Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de:
REAL DECRETO LEY 4/2020, POR EL QUE SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 52.D) DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Mediante RD-Ley 4/2020, de 18 de febrero (BOE Nº 43 de 19 de febrero), con efectos del 20 de febrero, ha quedado derogado el apartado d) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, por el cual se venía considerando como motivo de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, “las faltas al trabajo, aun justificadas pero intermitentes que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".
De esta manera se legitimaba la extinción contractual por faltas de asistencia al trabajo con derecho a una indemnización reducida de 20 días de salario por año de servicio en el caso de que existiesen tanto ausencias injustificadas como bajas médicas por contingencias comunes de duración inferior a veinte días de la persona trabajadora.
El Gobierno justifica su decisión al considerar que dicha norma vulnera lo establecido en la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, siendo susceptible de producir situaciones de discriminación indirecta por razón de discapacidad.